Nuevo informe revela uso del software espía hasta 2023 con fondos de EE.UU. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha enfatizado que corresponde a la rama judicial investigar la legalidad de las interceptaciones y, en caso de irregularidades, procesar a los responsables.

Una investigación reciente reveló que el software de espionaje Pegasus continuó operando en Colombia hasta 2023, contradiciendo las declaraciones oficiales del gobierno estadounidense que aseguraban su suspensión en 2022. El caso generó controversia por involucrar fondos de contribuyentes estadounidenses en su adquisición. «Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana», declaró Petro a través de su cuenta en X.

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La polémica se intensificó cuando tres funcionarios de la administración Biden confirmaron que la adquisición del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, se realizó con recursos estadounidenses y no colombianos, como se especulaba inicialmente.

Durante el proceso de transición gubernamental en agosto de 2022, se informó que la operación del sistema estaba centralizada en la Escuela de Posgrados de la Policía, ubicada en Suba, Bogotá. Sin embargo, el nuevo gobierno no tomó medidas inmediatas pese a conocer esta información.

Aunque las autoridades estadounidenses insisten en que Pegasus se empleó exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico, expertos en inteligencia advierten sobre posibles irregularidades en su implementación. Los antecedentes de uso indebido de Pegasus en países como México y El Salvador han generado preocupación sobre su verdadero alcance en Colombia.

La administración Biden argumenta que las presiones internacionales contra el uso inadecuado de Pegasus motivaron su suspensión en 2022. No obstante, especialistas cuestionan esta justificación, señalando que las denuncias sobre abusos en otros países eran conocidas mucho antes de esa fecha.

El caso ha expuesto deficiencias en el control de tecnologías de espionaje en Colombia y ha suscitado interrogantes sobre su posible uso político. El presidente Petro ha enfatizado que corresponde a la rama judicial investigar la legalidad de las interceptaciones y, en caso de irregularidades, procesar a los responsables.

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